En 2025, Ecuador atraviesa una profunda crisis política, económica y de seguridad que ha generado un entorno altamente precario para el trabajo en plataformas. A pesar de un período inusual de crecimiento económico impulsado por las exportaciones, las remesas y el aumento de la liquidez, este dinamismo no se ha traducido en mayores niveles de empleo formal ni en una mejora de las condiciones laborales, manteniéndose la informalidad como un rasgo estructural y con datos oficiales sobre la economía de plataformas aún desactualizados.
En un contexto marcado por la escalada de la violencia criminal —que ha llevado al país a registrar la tasa de homicidios más alta de América Latina—, las personas trabajadoras de plataformas enfrentan amenazas cotidianas a su seguridad, una falta de protección social y una gobernanza fragmentada. Esta fragmentación se refleja en las contradicciones entre los fallos de la Corte Constitucional, las prácticas de aplicación a nivel local y la implementación desigual de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
El informe Fairwork 2025 revela, además, un deterioro de los estándares laborales: la mayoría de las plataformas evaluadas obtuvo puntajes bajos o nulos, con fallas generalizadas para garantizar salarios dignos, condiciones de trabajo seguras, contratos justos, debido proceso y representación colectiva. Estos resultados evidencian una creciente internacionalización de la economía de plataformas, incluso entre plataformas locales, y subrayan la urgente necesidad de políticas integrales que articulen la digitalización con los derechos laborales y la protección de las personas trabajadoras.